Comentario

Según Richard Herr la desamortización supuso, para el conjunto español, el 94,3 por ciento del valor nominal de los capitales inscritos, mientras que lo desvinculado sólo alcanzó el 5,7 por ciento. Los estudios regionales efectuados muestran porcentajes muy similares. En Valencia, el 90,4 por ciento procedió de las desamortizaciones, mientras que las desvinculaciones sólo alcanzaron el 7,9 por ciento del valor. En esta región del este peninsular, estudiada por Joaquín Azagra, el mayor interés comprador de fincas rústicas lo manifestó la burguesía comercial, que adquirió las tierras más caras, mientras que la presencia de la nobleza fue mínima, ocupando el segundo lugar los labradores acomodados.
En el caso de fincas urbanas desamortizadas se manifiesta nuevamente la importante presencia de comerciantes y la escasa cuantía de las compras efectuadas por la nobleza. Desaparecen en este caso los labradores y hay una mayor presencia de los grupos artesanales, siendo éstos junto a la burguesía comerciante quienes adquieren las dos terceras partes de lo vendido. En Palencia y Cáceres tampoco tuvo incidencia la desvinculación de mayorazgos de legos. Los bienes desamortizados fueron adquiridos mayoritariamente por miembros de la burguesía provinciana, hacendados de ascendencia hidalga, labradores pudientes y algunos ganaderos trashumantes que se aseguraban el control de dehesas que hasta entonces habían disfrutado en régimen de arriendo. En ambos casos, el estamento nobiliario tiene un comportamiento similar al caso valenciano, participando mínimamente en las subastas.

Otras dos medidas de importancia fueron tomadas contra el patrimonio eclesiástico en los años inmediatamente anteriores a la Guerra de la Independencia. En 1805, Pío VII concedió facultad a Carlos IV para enajenar bienes eclesiásticos hasta que las ventas alcanzaran unos 215 millones de reales, otorgando a los anteriores propietarios el ya consabido 3 por ciento anual (unos 6.400.000 reales) a abonar por la Caja de Amortización. En febrero de 1807, en atención a las dificultades encontradas en la ejecución del decreto de 1805, derivadas de problemas técnicos pero, sobre todo, de la resistencia del clero secular y regular, se puso en marcha un nuevo plan de venta de bienes eclesiásticos, contando nuevamente con el consentimiento papal en forma de breve. Consistía el nuevo plan en segregar y enajenar una séptima parte de los predios pertenecientes a la Iglesia, "con el objeto de emplear los fondos que produzca esta gracia en la extinción de los Vales Reales y en el socorro de las grandes y urgentísimas necesidades de la Monarquía".